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¿Hay que pagar la deuda?

Por Esther Vivas

La deuda es hoy una cuestión central en la agenda social y política. En su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la población. Pero, ¿a quién beneficia la deuda? ¿Quién la contrajo? ¿A qué ha servido? ¿Quién debe pagarla? A estas preguntas buscan respuesta aquellos que en el seno del movimiento indignado plantean una auditoria ciudadana de la misma.

En la década de los años 80, 90, 2000, vimos el impacto de la deuda externa en los pueblos del Sur, mediante la aplicación sistemática de programas de ajuste estructural y de recortes sociales, que se decían necesarios para hacer frente a su pago. Desde el 2010, con el estallido de la crisis de la deuda soberana, ésta se ha convertido en un tema clave en los países de la Unión Europea, y en especial en los de su periferia donde se condensan las contradicciones de la crisis contemporánea.

La deuda externa ha sido un instrumento de control y dominación de las elites políticas y económicas del Norte respecto al Sur, y un potente mecanismo de transferencia de recursos financieros en sentido inverso. Ahora, la misma lógica centro-periferia de sometimiento vuelve a darse aunque, en este caso, en el seno de Europa y se repite el mantra de que es necesario pagar la deuda y de que para hacerlo es imprescindible aplicar dichas medidas de ajuste.
Pero el repudio de la deuda ha sido una constante a lo largo de la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para repudiar una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.

Desde hace años, organizaciones sociales en los países del Sur impulsan campañas para denunciar la ilegitimidad de la deuda y en consecuencia su no pago. Y las auditorías han sido uno de los principales instrumentos utilizados con este fin. La experiencia más relevante fue la llevada a cabo en Ecuador donde, en 2007, se puso en marcha la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública Interna y Externa, formada por representantes de la administración y de organizaciones sociales ecuatorianas y de otros países, y que culminó, en el 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.

El proceso de auditoría posibilita investigar porqué las deudas fueron contraídas, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron y sacar a la luz las irregularidades presentes en su contratación, revelar la complicidad de sus acreedores y obtener los fundamentos legales para su repudio. Se trata de un instrumento profundamente pedagógico que permite discutir sobre el funcionamiento del Estado, de la economía de mercado, de las relaciones institucionales e inyectar un rayo de luz en los oscuros pasillos de las bambalinas del poder

Con la llegada de la crisis de la deuda a Europa, organizaciones y movimientos que en décadas anteriores trabajaron en campañas de repudio de la deuda externa de los países del Sur ahora, y junto al movimiento indignado y occupier, han empezado a promover acciones de denuncia sobre el pago de la deuda y a explicar las implicaciones que ésta tiene en los recortes, las privatizaciones y el aumento de la precariedad.

Con el objetivo de promover un debate público y la participación popular en la toma de decisiones sobre la deuda y romper con el discurso hegemónico de la “inevitabilidad” de su pago, los procesos de auditoría se han convertido en una de sus principales herramientas. Su celebración debería permitir, junto a una gran movilización social, anular la parte ilegítima de la deuda y reducir significativamente el resto. En países como Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia y el Estado español están en marcha campañas ciudadanas para auditarla.

De este modo, frente al discurso hegemónico de “salvar a los bancos”, “rescatar a las finanzas”, “pagar la deuda”, empieza emerger otro discurso: el de “salvar a las familias”, “rescatar a los pobres”, “no pagar la deuda”. ¿Cuál es el sentido de inyectar masivamente dinero público a entidades financieras como Bankia sino mantener los privilegios de unos pocos a costa de los derechos y las necesidades de la gran mayoría?. Como bien señala Occupy Wall Street, se sacrifica al 99% para salvar al 1%.

Las verdades absolutas para hacer frente a la crisis empiezan a resquebrajarse. Otra conciencia colectiva emerge desde abajo y empieza por preguntarse: ¿Hay que pagar la deuda? La respuesta es clara.

*Artículo publicado en El Huffington Post, 14/07/2012. Blog de Esther Vivas en El Huffington Post.
**Esther Vivas, coautora de ‘Planeta Indignado. Ocupando el futuro’

+ info: http://www.esthervivas.com



Una “dama de hierro” dulcificada

Los que hemos tenido la oportunidad de ver ya la película de Phyllida Lloyd sobre Margaret Tatcher estamos un poco perplejos. No se trata de una cinta sobre su vida ni sobre el personaje histórico, si no una especie de homenaje a la figura envejecida de la que fue Primera Ministra británica entre 1979 y 1990.

Parece que la directora de la cinta ha querido transmitir la imagen de una mujer fuerte, que luchó por gobernar en un mundo de hombres, que no quiso ser una “mujer al uso” y rompió esquemas en un entorno conservador logrando ser la primera líder de un partido aparentemente menos conservador que la propia realidad que representaba. Pero su ambición, las luchas por el poder, el despotismo o la frialdad y determinación que llevaron a la “dama de hierro” a tomar decisiones que costaron la vida a muchas personas, quedan desdibujadas y lejos de ser bien explicadas durante la película.

La imagen de Tatcher que llega al espectador es sobre todo, la de una mujer que sabe tomar decisiones impopulares en momentos difíciles, y que no le tiembla el pulso a la hora de emprender una guerra como la de las Malvinas, a la vez que es capaz de tener actituds tan “humanas” como la de enviar cartas personales a las madres de soldados muertos durante la contienda. Si ésto es real, todavía más cruel se nos antoja el personaje.

Pero en la cinta las Malvinas quedan reducidas a una cuestión patriótica, exenta de intereses y estrategias políticas. En todo momento “Margaret” vela por los intereses del Reino Unido y toma “decisiones difíciles en momentos difíciles” porque es su tarea hacerlo. Todo queda bajo el deber moral de la Primera Ministra con su pueblo, que con los años, entenderá la toma de estas medidas. Un paternalismo extremo, mezclado con cierto autoritarismo despótico y deber patrio, que intenta justificar las políticas llevadas a cabo por el gobierno conservador durante los años del tatcherismo.

El film acaba siendo una especie de “videoclip histórico” donde pasan casi sin darnos cuenta sucesos tan importantes como las huelgas de los mineros, las protestas contra el poll tax, los atentados del IRA, la guerra de las Malvinas o la caída del muro de Berlín. La directora se detiene, incomprensiblemente, en la tierna juventud de Margaret, así como en la vejez extrema de ésta política ya retirada de la vida activa. Demasiados minutos dedicados a una época de su vida muy poco interesante para la Historia, y muy pocos, a la etapa de mayor auge del neoliberalismo, en la que desarrolla sus políticas más influyentes.

En “La dama de hierro” Margaret Tatcher es presentada como una mujer que quiso cambiar el mundo, pero ¿hacia donde?, seguramente hacia muchas de las políticas económicas que hoy nos imponen como únicas salidas a la crisis: los recortes, la austeridad económica o las privatizaciones del sector público. Lo que en su día se llamó “desmantelamiento del Estado del bienestar” y hoy designan como “medidas de ajuste estructural” está de moda. Por eso vemos hoy una película “humanizada” sobre una de las máximas impulsoras de las políticas neoliberales de los años 80. Veremos si con los años no vemos una cinta sobre alguno de los responsables de las actuales políticas económicas de la crisis.

Sin duda, lo mejor de la película, Meryl Streep, una dama de hierro que se merece el Óscar.